Big Brother

Hace un par de semanas, justo un día después del atentado en la capital michoacana, discutir el tema con mis alumnos era más que obligado. Desde luego, se pusieron de relieve sentimientos como la indignación, la impotencia y el hartazgo. No obstante, hubo un acuerdo fundamental: era preciso conservar la calma y no dejarse arrastrar por el miedo. Se requería actuar y analizar los hechos con la cabeza fría. Es evidente que acto violento realizado por sicarios de poca monta, en Morelia, es de una magnitud enorme, y hace eco en diversos niveles. Por supuesto, en lo inmediato, ha transformado por completo las vidas de las familias de las ocho personas que, sin deberla ni temerla, perdieron la vida en medio de la más patriótica de las celebraciones. Para esas familias —al igual que para las de los más de 130 heridos— ya nada será igual. Las nociones de “festejo”, “independencia”, etc., habrán adquirido otro significado. Para esas familias, el nacimiento de nuestra nación equivaldrá a la muerte de sus seres queridos.

                En la dimensión social del asunto, la cuestión se torna, si esto es posible, aún más terrible. El acto violento cumplió con creces su objetivo, puesto que durante los días siguientes al 15 de septiembre moreliano, la sensación de inseguridad con la que ya vivíamos los mexicanos adquirió tintes dramáticos: cualquier espacio público era visto como un blanco viable, y nadie estaba a salvo. Más que una escalada brutal de la violencia, fuimos testigos de un salto cualitativo en el que se cruzó una línea fundamental: se quebró la frontera que circunscribía los actos violentos a una esfera en la que prevalecían los ataques entre cárteles que buscaban la dominación territorial y/o que se sentían amenazados por la “acertada” estrategia gubernamental en contra del crimen organizado.

                Esto nos lleva a la esfera de lo político. Desde dicha esfera se han sostenido dos argumentos principales. Por una parte, se asegura(ba) que los actos más violentos de los que nos enteramos a diario en los medios estaban muy delimitados, y eran atribuibles a una serie de ajustes de cuentas entre los distintos grupos que se disputan el control de un territorio. Por otra parte, también se planteaba que el saldo dejado por la guerra en contra del crimen organizado era positivo. Sin embargo, el atentado del 15 de septiembre pasado ha derrumbado por completo ambas hipótesis. El mensaje derivado del acto es más que explícito: no es gratuito, ni al azar, que el brutal ataque a la sociedad civil haya sido en el estado natal del presidente. Tampoco es casual que las víctimas hayan sido ciudadanos “de a pie”, ni que el ataque haya sido desplegado sin discriminar género o edad. Finalmente, la fecha en la que el atentado fue realizado es por demás significativa. En conjunto, estos factores invalidan por completo cualquier voz triunfalista que pudiera surgir de las filas gubernamentales. Aún hoy, en que supuestamente se ha atrapado a los perpetradores del atentado.

                Por último, más arriba sugería que era preciso no dejarse arrastrar por el terror. El miedo tiende a nublar la visión, y orilla a los sujetos a cometer actos que en otras circunstancias hubieran sido impensables. Veamos: en días pasados, en el Senado de la República se aprobó la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la cual se ordena la integración del registro nacional de usuarios de teléfonos celulares. La mencionada iniciativa obliga a llevar un control estricto de todos los teléfonos móviles. En otras palabras, se establecerá una vigilancia y un registro sobre las llamadas y mensajes que uno emita desde estos aparatos. Aparentemente, esta medida tiene un alto grado de aceptación entre la ciudadanía. No obstante, en este punto vale la pena tener presente que en situaciones similares, los gobiernos de (ultra)derecha han buscado justificar el endurecimiento de sus políticas. Vigilar y controlar los medios de comunicación es un primer paso. Aceptarlo sin oponer resistencia, es un producto del miedo. Espero equivocarme de manera rotunda en lo que voy a sugerir. Lo deseo fervientemente.  Pero a partir de la escalada brutal de la violencia a la que estamos sujetos todos, el Estado ha tendido, precisamente, a endurecer sus prácticas. La aprobación de la citada Ley así lo pone de relieve. En última instancia, la estrategia de declarar un estado de excepción, que ponga en suspensión los derechos civiles constitucionales, no parece tan lejana. Yo no quiero estar bajo la vigilancia constante del Big Brother. Esto es aún más espeluznante que el terrorismo en sí. No hay que olvidar que en otros regímenes, el Estado ha encontrado en situaciones similares a la nuestra la vía más adecuada para legitimar y justificar una represión brutal en contra de la libertad de expresión. Hoy son los teléfonos celulares. ¿Y mañana? ¿Se criminalizaría la disidencia? ¿se atentaría contra la libertad de asociación? ¿se buscará eliminar la diferencia? No cabe duda que, parafraseando al buen Borges, hoy, vivir en México equivale a un enorme acto de fe.